El conflicto legal entre el Real Betis Balompié y su canterano Francis Guerrero se originó el 19 de octubre de 2020, cuando el club optó por la resolución unilateral del contrato del lateral izquierdo. La decisión, adoptada tras el regreso del futbolista y sin ser inscrito en la plantilla, se justificó mediante el polémico argumento de «ineptitud sobrevenida». Esta medida contundente fue inmediatamente recurrida por Francis Guerrero ante la jurisdicción social.
La justicia ha fallado sistemáticamente en contra del club. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ratificó la sentencia inicial del 13 de junio de 2023, que obligaba a la readmisión y al pago de los salarios. Sin embargo, el organismo fue severo al concluir que la decisión empresarial no se justificó debidamente con la «ineptitud», pues el club no logró acreditar que esta pudiera equipararse a una incapacidad permanente total o absoluta. Más grave aún, el tribunal señaló que el Betis vulneró un derecho fundamental de Guerrero: su garantía de indemnidad, lo que selló la calificación del despido como nulo y conllevó la condena a pagar las costas del proceso.
En tema económico, el impacto que generó, se reflejó en las cuentas del club, donde el Betis consignó una partida de 2,65 millones de euros en su presupuesto de 2024 para afrontar esta indemnización. La disputa truncó la carrera de Francis Guerrero, un jugador formado en la casa que llegó a disputar 43 partidos con el primer equipo. Por tanto, el lateral se vio obligado a retirarse en 2023 debido a problemas persistentes en la rodilla.
Esta victoria judicial garantiza la reparación económica de Francis Guerrero. El fallo, al condenar la vulneración de derechos fundamentales, establece un precedente firme que subraya la obligatoriedad de respetar la legalidad laboral en el fútbol profesional.
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