A 17 de junio de 2026
La venta del Sevilla FC ha entrado en una fase decisiva y, esta vez, con un blindaje jurídico y financiero sin precedentes. Los grandes accionistas de la entidad trabajan contrarreloj para cerrar una nueva LOI (Letter of Intent) que marque el rumbo definitivo hacia el cambio de propiedad. La principal novedad, y también el mensaje más contundente hacia el mercado, es la incorporación de una “cláusula anti Sergio Ramos”, un mecanismo diseñado para impedir que vuelva a repetirse el bloqueo sufrido durante el fallido proceso con Five Eleven Capital.
La nueva carta de intenciones, que los vendedores esperan firmar la próxima semana o la siguiente, incluirá un aval a primer requerimiento que garantice la seriedad de la oferta desde el minuto uno. Se trata de una respuesta directa a lo ocurrido en el proceso anterior, cuando el grupo liderado por Ramos y Martin Ink nunca llegó a presentar la provisión de fondos necesaria para formalizar la SPA (Share Purchase Agreement). Esta vez, los accionistas no están dispuestos a avanzar sin blindajes: quien quiera comprar el Sevilla deberá demostrar solvencia real antes de sentarse a negociar.
El proceso avanza en paralelo por dos vías. Por un lado, las conversaciones están muy avanzadas con un inversor occidental de máximo nivel, con experiencia en fútbol profesional y capacidad financiera acreditada. Por otro, los accionistas mantienen abierta una segunda vía con un fondo americano, evitando así que un nuevo contratiempo vuelva a retrasar la operación. La consigna es clara: no perder ni un día en un verano que marcará el futuro deportivo y económico del club.
La operación contempla, además, una ampliación de capital de entre 80 y 120 millones de euros, una cifra que no es negociable para ninguna de las partes. El Sevilla FC llega a este punto con un coste de plantilla desplomado —de 200 millones hace cuatro temporadas a apenas 80 previstos para la 26/27— y con un límite salarial completamente bloqueado. Sin esa inyección económica, el club no podría inscribir fichajes ni reconstruir un proyecto deportivo competitivo. La ampliación, a diferencia de lo que proponía Sergio Ramos, se ejecutará después de la compra del 85% del capital, garantizando así que los actuales accionistas mantengan la valoración acordada antes de que el nuevo capital modifique la estructura societaria.
La urgencia es total. El Sevilla prevé cerrar el ejercicio con –25 millones de euros, y la dirección deportiva, liderada por José Ignacio Navarro, trabaja con las manos atadas pese a haber cerrado ya las incorporaciones de Guridi, Juan Iglesias y Sangante. Mientras tanto, la afición mantiene la presión en la calle con concentraciones diarias bajo el lema “Junior, vete ya” y una gran manifestación convocada para el jueves 18 de junio.
En este clima de tensión social y fragilidad financiera, la nueva LOI se presenta como el último intento de los accionistas por asegurar una transición ordenada, rápida y blindada. La venta del Sevilla FC ya no es una posibilidad: es una necesidad estructural. Y esta vez, con cláusulas, avales y mecanismos de control, nadie quiere que la historia vuelva a repetirse.






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